Dos de cada tres autónomos rechazan la reducción de la jornada que Trabajo quiere aprobar en septiembre

Casi un 60% de los autónomos y pequeños negocios consideran que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas que pretende poner en marcha el Gobierno a partir de septiembre será "desfavorable" para ellos. La mayoría temen que esta medida no se ajuste a su perfil de actividad y suponga un sobrecoste o directamente que reduzca la productividad de sus empleados.

Así se desprende del segundo informe Hiscox de pymes y autónomos en España, un estudio elaborado por la consultora en el que se ha encuestado a 400 pymes, desde micronegocios hasta medianas empresas. Es decir, con menos de 250 empleados, menos de 50 millones de euros de facturación, de todas las comunidades y de distintos sectores.

De entre ellas, preguntadas por la reducción de jornada laboral que se ha estado negociando a lo largo de este año, casi dos de cada tres pequeños negocios consideraron que "no será beneficiosa". La negociación de esta medida ha sido una de las polémicas en los últimos meses. Mientras que el Gobierno y los sindicatos consideran que es urgente implementar esta reducción de las horas máximas que puede trabajar un empleado en España, las patronales -CEOE y CEPYME- creen que supondrá una caída de la productividad de los negocios y que disparará los sobrecostes de miles de autónomos y empresas.

Según estimó este diario, si se reduce la jornada laboral con las condiciones que propone ahora mismo el Ejecutivo, teniendo en cuenta el precio promedio de una hora extra, los trabajadores por cuenta propia tendrían que asumir un sobrecoste de más de 150 euros al mes para suplir la reducción de horas de cada uno de sus empleados en el negocio. 

Los negocios temen que la reducción de jornada no se ajuste a su perfil empresarial o disminuya su productividad

El informe elaborado por Hiscox refleja que la reducción de la jornada es una medida que tiene dividida a la mesa de negociación, pero también al tejido productivo. Según la encuesta, hay un 31% de los negocios que cree que esta medida beneficiará a su rendimiento y productividad.

De hecho, un 28,2% mantiene una posición favorable ante esta medida y cree que será beneficiosa para su empresa. Además del aumento de la productividad, un 17,1% cree que aumentará la satisfacción de los trabajadores, un 15,2% piensa que favorecerá a la conciliación y un 1,4% al descanso. Por otro lado, un 11,3% afirma tener esta medida implementada ya, por lo que su entrada en vigor no le afectará. 

Sin embargo, esta opinión confronta todavía con la de la mayoría de negocios. Según el informe, casi dos de cada tres pymes y autónomos, un 58,8%, cree que no será beneficiosa.

Entre las razones por las que así lo piensan, un 40% afirma que no se ajusta al perfil de la empresa, un 17,1% cree que la productividad descenderá y un 10,1% cree que provocará problemas económicos. Asimismo, de estas empresas y profesionales, un 3,8% la tiene implementada ya, por lo que su entrada en vigor no le impactará. 

Precisamente, las dos principales preocupaciones de los negocios que ven desfavorable esta medida son también las que han sostenido durante estos últimos meses las patronales CEOE y CEPYME.

Una de las grandes preocupaciones que despierta esta medida entre organizaciones y expertos es el posible sobrecoste que podría suponer para muchos negocios, especialmente los más pequeños y de sectores vinculados a los servicios o incluso al transporte u otras actividades similares. Según cifró recientemente CEPYME, la factura que llevaría aparejada la reducción de jornada podría superar incluso los 40.000 millones de euros.

Un coste más que se suma a la subida del SMI, cotizaciones y precio de la energía

Según explicó a este diario Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), si bien la reducción de la jornada es algo que ya está en marcha en otros países europeos, de hacerse de manera precipitada y sin tener en cuenta a todas las partes del diálogo social "podría ser la puntilla para las empresas más pequeñas. Para muchas podría suponer incluso el cierre, porque es un coste más que se suma a la larga lista de sobrecostes, tras la subida del Salario Mínimo, de las cotizaciones sociales y del coste de la energía".

De hecho, para muchos autónomos y pequeñas empresas, ni si quiera sería suficiente un aumento de su productividad para poder encajar en en este momento una reducción de la jornada. Según el presidente de la comisión financiera de CGE, para muchas actividades de sectores como el comercio o la hostelería, reducir la jornada supone o bien aumentar costes o bien cerrar durante unas horas. "Si tienen que reducir la jornada y pagar el mismo salario, o contratan más horas extra o cierran durante esas horas", apuntó el economista.

Sin embargo, aunque el comercio, la hostelería y los servicios en general es el caso más gráfico, no es el único. La reducción de la jornada en estos momentos puede suponer "la puntilla" para "otras muchas actividades como los talleres, los transportistas y otras empresas vinculadas". Estos negocios no pueden permitirse que sus empleados trabajen menos horas a cambio del mismo salario sin sacrificar una parte de sus ganancias.

Trabajo quiere empezar a reducir la jornada laboral a 37,5 horas a partir de septiembre

A falta de diez días para que termine agosto, la intención del Gobierno es reunirse con los agentes sociales el 9 de septiembre y cerrar el acuerdo para la reducción de jornada ese mismo mes. 

Al paralizar las negociaciones, a finales de julio, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey lanzó una especie de ultimátum a los agentes sociales al considerar que el Gobierno ya había hecho en esas últimas reuniones una propuesta “que cierra el perímetro de la negociación” y, por ello, pidió que empresarios y sindicatos consultaran en sus órganos de dirección si lo planteado por Trabajo les es válido o no, ya que Trabajo tendría la "intención de cerrarlo en septiembre".

Por su lado, los sindicatos empezaron en estos últimos días calentar el ambiente a las puerta de septiembre. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, avisó que, ante el estancamiento de las negociaciones sobre la reducción de jornada. "estamos planteando un proceso de movilizaciones para la vuelta de agosto, a lo largo del mes de septiembre", explicó el líder sindical en una entrevista con Radio Nacional España.

De momento, parece que el Gobierno pretende que sea la patronal la que valore su última propuesta y tome una decisión el próximo 9 de septiembre. Como ya avanzó este diario, la última propuesta de Trabajo se basaba en tres ejes: desconexión digital, distribución irregular de la jornada y flexibilidad en la implementación de la medida.

Por un lado, el secretario de Estado de Trabajo identificó que el primer punto que se está negociando con la patronal y los sindicatos es el tiempo de adaptación de la nueva jornada laboral máxima. En este sentido, afirmó que “se está hablando de unos plazos flexibles", aunque en un principio sin sobrepasar enero de 2025.

En segundo lugar, el Gobierno mostró su disposición a estudiar que los negocios de algunos sectores “con fórmulas de trabajo más inconstantes porque su producción varía a lo largo del año, como la Agricultura o la Hostelería, puedan distribuir irregularmente su tiempo de trabajo”, afirmó Joaquín Pérez Rey.

Esta es una de las peticiones que pusieron desde CEOE en la mesa de negociación con el Gobierno, y que afectaría, de forma principal, a los negocios cuyas actividades presentan una mayor estacionalidad. Por ejemplo, algunos bares y restaurantes durante los meses de verano.

Por último, el secretario de Estado de Trabajo mostró la intención del ministerio que dirige Yolanda Díaz de incrementar el peso del derecho a la desconexión digital en el marco de la reducción de jornada. “De nada serviría reducirles la jornada a los trabajadores si pueden recibir una llamada de sus jefes por la noche o si un domingo paseando por el parque reciben un WhatsApp”, concluyó Joaquín Pérez Rey.