Los pequeños ganaderos podrían recibir 400.000 euros de media por el fraude de las grandes marcas de leche
Las grandes marcas han sido condenadas por la Audiencia Nacional por formar un cártel que manipuló los precios de la leche. Ahora más de 900 pequeños ganaderos exigen que se les devuelva 375 millones de euros. Una demanda con la que cada uno podrían recuperar 400.000 euros de media.
Cerca de un millar de ganaderos de toda España han decidido unir sus fuerzas para reclamar 375 millones de euros a las principales compañías lecheras implicadas en un cártel que manipuló los precios durante más de una década. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha sancionado a las empresas implicadas por prácticas anticompetitivas, y esta decisión ha sido confirmada por la Audiencia Nacional. Esto significaría que ya se ha reconocido la existencia del cártel y su ilegalidad.
Ahora, la demanda liderada por el despacho BGI-LAW y el abogado Juan Camacho pretende resarcir a los pequeños ganaderos aludiendo a los graves perjuicios económicos que este fraude ha causado a los autónomos productores de leche, muchos de los cuales podrían recuperar hasta 600.000 euros, aunque de media, el bufete calcula que la cifra rondará los 400.000 euros.
Esta demanda conjunta contra algunas de las mayores compañías del sector lácteo, como Danone, Nestlé, Pascual, Puleva, Central Lechera Astruriana o Grupo Lactalis, entre otras, en un paso decisivo para hacer justicia a más de 900 ganaderos que han interpuesto esta demanda conjunta, acusándolas de manipular las cantidades que se les pagaron por su producción, con precios artificialmente bajos, establecidos de manera irregular por estas grandes empresas que ya han sido declaradas culpables y deben ahora resarcir a los pequeños ganaderos perjudicados.
Según cifras del bufete que gestiona la demanda, los ganaderos afectados poseen una cabaña de alrededor de 72.000 vacas, y han calculado inicialmente –a la espera de análisis periciales más precisos– que el fraude afectó a más de 12.000 millones de litros de leche vendidos entre los años 2000 y 2013. La magnitud del fraude es manifiesta, pues se estima que el precio fue rebajado en tres céntimos por litro, lo que ha causado pérdidas acumuladas considerables para los pequeños productores al estar hablando de un periodo de tiempo tan amplio.
Según los jueces, las grandes lácteas pactaban un precio del que no podían salirse los pequeños ganaderos
Este caso judicial se remonta a la existencia de un cártel formado por grandes marcas del sector lácteo, que habrían pactado mantener los precios de la leche cruda a un nivel artificialmente bajo, perjudicando de manera directa a los autónomos ganaderos que vendían su producción a estas industrias.
El cártel funcionó desde el año 2000 hasta 2013, un periodo en el que las grandes empresas lácteas coordinaban sus estrategias para evitar la competencia real y asegurarse el suministro de leche a precios más bajos. Según explicó a este diario Juan Camacho, abogado de BGI-LAW y encargado de llevar el caso, “las grandes compañías pactaban el precio de compra de la leche cruda en torno a los 50 céntimos por litro, impidiendo que los pequeños ganaderos pudieran negociar precios más altos a pesar de la fluctuación del mercado”. Este tipo de prácticas anticompetitivas está penado por la ley española y europea, y por eso la demanda tuvo un desenlace favorable para los ganaderos, y el resarcimiento económico va a ser cuantioso.
El bufete posee experiencia en demandas conjuntas: represento a negocios con camiones en otro cártel contra los fabricantes
Uno de los aspectos más importantes en este tipo de demandas conjuntas es contar con una estrategia legal sólida, que permita demostrar el daño causado por el cártel. En este caso, el bufete de este millar de pequeños ganaderos ha acumulado experiencia en la defensa de pequeños negocios afectados por prácticas empresariales anticompetitivas. Anteriormente, el despacho representó a negocios con flotas de camiones en una demanda similar contra los fabricantes de estos vehículos por otro cártel, y aplica ahora esa experiencia al caso de la leche.
Camacho explicó que, aunque en España las demandas colectivas no están aún formalmente reconocidas, su bufete agrupa las demandas individuales en un sólo procedimiento para facilitar su tratamiento judicial. “Si bien nosotros presentamos demandas individuales, lo que hacemos es hablar con el juzgado para que agrupe estas demandas en un solo procedimiento, de manera que se celebre solo una vez. Esto es clave para asegurar que los pequeños ganaderos reciban la compensación que merecen”, señaló.
El abogado destacó la importancia de una buena pericial para demostrar al tribunal el daño económico. “Lo más costoso en estos casos es la prueba, que es fundamental para cuantificar las pérdidas. En el cártel de la leche, lo que tenemos que exponer con evidencias es que los ganaderos vendieron su producción a un precio más bajo del que habrían conseguido en un mercado libre de manipulación. Estamos hablando de pérdidas de unos tres céntimos por litro de leche, que, sumadas a los intereses acumulados, pueden llegar a suponer una indemnización de hasta 400.000 euros para una pequeña explotación con al menos 50 vacas”, detalló Camacho.
La pericial analiza miles de facturas para establecer cuánta leche vendió cada ganadero a las empresas implicadas
El proceso de la pericial es largo y complejo porque requiere una profunda revisión de toda la documentación relacionada con la venta de leche durante los años afectados por el cártel. En este caso, es necesario analizar miles de facturas para establecer con precisión cuánta leche vendió cada ganadero a las empresas implicadas y durante qué periodos de tiempo. El abogado argumentó que se apoya en el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), un organismo del Ministerio de Agricultura, que mantiene un registro detallado de los movimientos de leche en el mercado. Este registro es clave para poder evaluar con exactitud las cantidades vendidas y el impacto que tuvo el precio manipulado en cada pequeño ganadero.
De hecho, este proceso requiere un análisis econométrico, lo que implica el uso de modelos estadísticos y económicos para calcular el daño específico por cada litro vendido. Esta labor la realizan auditores especializados que estudian grandes volúmenes de datos, lo que hace que el proceso sea lento y costoso. “La pericial tiene un precio elevado, y por eso hemos establecido acuerdos con fondos de inversión para que financien todo el procedimiento. Sin esta financiación, los pequeños ganaderos no podrían costear el precio de una pericial tan compleja”, explicó Juan Camacho.
La demanda, que involucra principalmente a ganaderos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Murcia, aunque acoge también autónomos de otras regiones, promete ser un proceso largo. El bufete ya ha iniciado la fase de recogida de documentación, un paso imprescindible para poder presentar las pruebas ante el tribunal. “Estamos en contacto con auditores especializados que nos ayudarán a evaluar cada caso. Pero este estudio econométrico será crucial para demostrar el impacto económico que tuvo este cártel en cada ganadero”, explicó el abogado de la demanda conjunta que lidera BGI-LAW para que los pequeños ganaderos no tengan que asumir gastos adicionales.
El desenlace de esta demanda podría tener repercusiones significativas en el sector lácteo español
La resolución del caso tendrá repercusiones significativas en el sector lácteo español. Juan Camacho prevé que las grandes marcas implicadas sufrirán “un duro golpe económico”, por lo que destaca que muchas de ellas, “como Danone o Lactalis, ya han comenzado a provisionar fondos para cubrir posibles indemnizaciones”.
Y es que el abogado comentó que, en algunas ocasiones, las demandas deben demostrar tanto la culpabilidad del demandado como los daños sufridos; pero este no es el caso del cártel de la leche. Aquí, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha sancionado a las empresas implicadas por prácticas anticompetitivas, y esta decisión ha sido confirmada por la Audiencia Nacional. “Esto significa que ya se ha reconocido la existencia del cártel y su ilegalidad, por lo que no es necesario probar la culpabilidad de las empresas. Nuestro trabajo ahora es demostrar el alcance de los daños y perjuicios sufridos por los ganaderos; es decir, cuantificar cada pérdida económica ocasionada por el cártel”.
Para los pequeños ganaderos, esta demanda representa una oportunidad histórica de recuperar las pérdidas sufridas durante más de una década. Además, podría sentar un precedente importante en la lucha contra los abusos de poder en sectores dominados por grandes corporaciones.
“Este es el momento para que los pequeños ganaderos ajusten cuentas. Durante años se han quejado de los precios que les pagaban por la leche, y ahora tienen la oportunidad de demostrar que no se puede jugar con el futuro de un sector tan importante como es la ganadería”, concluyó Camacho.