Cerca de 3.200 granjas podrían desaparecer en España por el nuevo reglamento de transporte animal

Organizaciones ganaderas y agroalimentarias, de transportistas e incluso de veterinarios, además de la industria cárnica en su conjunto, están de acuerdo en que el Reglamento Europeo sobre la protección de los animales durante el transporte no defiende el modelo europeo de producción. Según afirmaron, no contempla, ni se basa en los problemas reales de bienestar animal de España, y tendrá graves consecuencias económicas para los negocios de los autónomos.

Sus exigentes medidas podrían provocar la pérdida de hasta 6.000 empleos directos e indirectos, y una reducción del valor económico del sector vacuno de carne en España del 25%. La limitación del transporte de terneros lactantes a 18 horas pondría en riesgo la sostenibilidad de 3.200 granjas –principalmente en Cataluña y Aragón– con una reducción de la actividad sectorial valorada en 820 millones de euros. Además, se prevé un aumento significativo de los costes operativos, estimado en 220,8 millones de euros, debido a las nuevas exigencias de transporte y la consecuente multiplicación de vehículos y emisiones de CO₂.

Así se lo hicieron saber, primero al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y posteriormente al Consejo Económico y Social Europeo (CESE), mostrando su preocupación ante la aplicación de las nuevas medidas en materia de bienestar animal, sin tener en cuenta las peculiaridades propias de nuestra distancia del centro del Continente y del clima más cálido del Sur de Europa.

En este último han conseguido, instantes antes de disolverse el Parlamento Europeo, que se aprobase por casi absoluta unanimidad (166 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones) el dictamen presentado, que pide a la Comisión Europea un análisis del impacto ambiental, social y económico del asunto. “O lo que es lo mismo, que le dé una vuelta a fondo, para evitar hacer más daño que bien”, comentó a este diario Jaume Bernis, miembro de la ejecutiva de COAG y consejero del CESE, además de ganadero de porcino con cuatro décadas de experiencia sobre estos temas.

El reglamento no ha tenido en cuenta el impacto social, económico y medioambiental, según 14 organizaciones ganaderas

Este experto resume la preocupación de las 14 organizaciones ganaderas, agroalimentarias y veterinarias más destacadas de España (Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria), que se han unido para que desde España se rechace el nuevo reglamento europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo.

“El nuevo reglamento no tiene suficiente base científica y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto de la situación actual”, explicó el ganadero de COAG. “Se evidencia que la propuesta no ha sido lo suficientemente trabajada, y que su impacto social, económico y medioambiental no ha sido adecuadamente estimado”. Y, por lo tanto, la solución debe ser trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo, que para el experto es “el más exigente del mundo, lo que permitiría seguir aumentando el bienestar de los animales”.

Según apuntan estas asociaciones, las exigentes medidas del nuevo reglamento pondrían en riesgo la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales. “Mientras que se condenaría a los países periféricos como España –y más aún a los territorios insulares– a una grave desventaja competitiva, al tener que soportar costes desproporcionados para su correcta adecuación a las nuevas normas”, indicó Jaume Bernis.

Motivo por el que exigen que España se oponga frontalmente propuesta, “por los graves daños que ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal, a los ciudadanos, ya sean productores o consumidores, a la economía y al desarrollo rural de nuestro país, a su cultura gastronómica y al modelo productivo español”.

La aplicación del nuevo reglamento supondría graves consecuencias para los autónomos españoles

España es uno de los principales países productores de la UE, pero cumplir esta nueva normativa implicaría la disminución de la capacidad productiva y de la competitividad de la producción ganadera y de alimentos de origen animal de España.

Las razones por las que ganaderos, transportistas, veterinarios... se oponen al nuevo reglamento de transporte de ganado propuesto son múltiples y variadas:

Impide el comercio justo y equilibrado entre los países miembros de la Unión Europea

Por efecto de la limitación de las horas de viaje y de las temperaturas permitidas para el transporte, los ganaderos españoles no podrían recibir animales para su cría de países donde se compran actualmente, ni tampoco exportar genética de alto valor al resto del mundo. “Las granjas de Cataluña o Aragón, que no tienen tantas vacas como Asturias o Galicia, y que reciben mucho animal importado de fuera para su engorde, tendrían que ampliar sus infraestructuras, porque la propuesta habla de pasar de 2-3 semanas a cinco, casi el doble, y más de 50 kilos de peso del ternero. Son lo que el coste es inasumible para las pequeñas instalaciones ganaderas”.

Supone una carga administrativa sin precedentes

Las obligaciones recogidas en la propuesta de norma conllevan un coste administrativo, burocrático y de personal muy elevado. Y muchas granjas y transportistas autónomos no cuentan con medios para llevarlo a cabo, de manera que los negocios más pequeños serán los más afectados. “La propuesta es aumentar el espacio para los animales. De manera que un camión en cuya caja pueden viajar entre 210 y 220 cerdos, que es algo que conozco bien, y que ahora pasaría a poder cargar sólo 175, pero aplicándole el 20% menos en cuanto sube la temperatura nos quedaríamos entre 145 y 150 animales”. Lo cual conlleva multiplicar por 3,5 los vehículos, los conductores y las emisiones de CO₂, con el consiguiente gasto financiero que supone”.

Discrimina por situación geográfica y condicionantes naturales

El sector de producción animal español sufre una clara discriminación por su situación geográfica y condicionantes naturales. En la propuesta de norma, las temperaturas y la diversidad geográfica de nuestro país nos condicionan, y supone un agravio comparativo respecto a otras regiones europeas dadas las temperaturas medias de España. “No hablamos de calor extremo, sino a partir de 30 grados, lo que obligaría a trabajar de desde las diez de la noche hasta las nueve de la mañana. en toda la mitad sur de España casi la mitad del año”. Y no sólo eso, tres las primera nueve horas de conducción máxima permitida hay previstas otras nueve, previa parada de descanso para alimentarlos aún a bordo del camión. Tras lo cual, y si no se ha llegado a destino, hay que bajar a los animales y tenerlos al aire libre para volver a cargarlos transcurridas entre diez y 12 horas.

Incrementa el trabajo nocturno y los accidentes

Las dificultades para transportar animales durante el día debido a las altas temperaturas, durante largos períodos del año, obligará a los trabajadores del sector ganadero y a los transportistas a trabajar más horas durante la noche. “Esto implicaría que la producción animal tendría un coste mayor, más riesgos laborales, mayores dificultades para conciliar y un mayor riesgo para la seguridad vial, entre otros”, comentó el ganadero.

Disminuye de las exportaciones

Si esta propuesta progresa, la capacidad exportadora de España se vería gravemente reducida. El impacto no afectaría únicamente a los ganaderos, sino también a la cadena alimentaria que depende de los productos de origen animal (industrias de transformación y despiece, principalmente, aunque también fábricas de piensos y de insumos necesarios para la producción animal y de sus productos transformados, transportistas de animales y sus vehículos...). “Teniendo en cuenta que vienen o van desde y hacia la República Checa, Polonia o Rumanía, que son los tres países más frecuentes, hablamos de tener que construir también áreas específicas para esas paradas y alimentación, y de un auténtico atentado medioambiental: pasaríamos de las 116.300 toneladas de emisiones actuales a cerca de 407.000 toneladas mediante este despropósito”.

Contribuye a aumentar la inflación y mengua los ingresos del Estado

Si se aprobara el texto, el consumidor pagaría los incrementos de coste de producción de los productos de la cesta básica. Sería más caro consumir carne, huevos o pescado, especialmente para las personas con rentas más bajas de la población. “Se busca el bienestar animal, sin darse cuenta de que no lo conseguimos, sino que más bien es al contrario: más espacio en el transporte puede ser perjudicial, propiciando caídas y roturas de huesos, lo que genera sufrimiento innecesario y perjudica además la calidad de la carne”, razonó Jaume Bernis.

Las organizaciones ganaderas animan a la UE a inspirarse en las leyes de Estados Unidos o Brasil

Los más interesados en que los animales estén bien son los propios ganaderos, señaló el experto de la ejecutiva de COAG. “En Estados Unidos y Brasil, que tienen grandes distancias a recorrer han sabido compatibilizar muy bien ambos intereses: el bienestar del ganado y su comercio, sin complicarse la vida como queremos hacer en Europa. Porque lo que no tiene sentido es que, al final, los sacrificados seamos los ganaderos”, concluyó, en alusión a lo que ha ocurrido con los otros grandes perjudicados del campo: “Pasando de 15 a 9,5 millones los agricultores que existen en la UE tras la última década y media”

Y es que, para estas organizaciones, lo justo y sensato es exigir a todos por igual, y no acabar sustituyendo, en los lineales de los supermercados, el producto de granjas europeas por el de países donde no se mira con lupa, como sucede aquí, si cumplen o no con las normativas impuestas para estos temas.