Los negocios podrían pagar menos cotización por sus empleados si ayudan a reducir la siniestralidad laboral

La semana pasada, CEOE, CEPYME y el Gobierno cerraron, junto a los sindicatos, un acuerdo que promete modificar varios aspectos relacionados con la jubilación de los autónomos. Entre ellos, se fijaron nuevas condiciones para acceder a la jubilación activa, así como un nuevo procedimiento que podría permitir a los trabajadores por cuenta propia que desempeñen actividades consideradas “penosas, peligrosas o tóxicas” jubilarse antes de los 63 años.

Además, el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, incluye nuevos incentivos para los autónomos con asalariados y negocios que reduzcan la siniestralidad -esto es, el número de accidentes- e inviertan en mejorar sus sistemas de prevención de riesgo laborales. En concreto, se bonificará una parte de la cotización por contingencias profesionales que tienen que abonar mes a mes por cada empleado.

Ante esta noticia, fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) valoraron que se trata de una medida positiva, que se ha acordado como “una forma de compensar la transitoriedad de la jubilación parcial, y de que el contrato de relevo sea indefinido. Lo que hace es compensarse a través de estas bonificaciones.”

No obstante, cabe recordar que la nueva bonificación se incluye dentro de un acuerdo firmado entre patronal, sindicatos y el Gobierno, y que aún no tiene ninguna validez legal. Antes, el Gobierno deberá articular en los próximos meses el texto que será llevado al Congreso para su aprobación definitiva. Algo que podría demorar su entrada en vigor, incluso, hasta el próximo año.

Los negocios que refuercen la prevención de riesgos laborales podrán bonificar hasta el 8% de las contingencias profesionales

Para valorar el nivel de siniestralidad de los negocios, se articulará un mecanismo objetivo -según el acuerdo- para otorgar a cada uno “una calificación de siniestralidad de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que va a ser determinante, junto a la necesaria realización de inversiones en materia de prevención, del derecho a la percepción del incentivo y de su cuantía.”

Este sistema, en teoría, contrastará los datos de siniestralidad de cada empresa con los límites establecidos para su actividad económica, en los que se tendrá en cuenta el número de bajas por incapacidad temporal por contingencias profesionales y la llamada “siniestralidad extrema”, concepto que alude al número de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente en cada sector.

A este respecto, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, explicó a este medio que se dividirá a los negocios en cuatro categorías -A, B, C y D-, en función de las cuales se podrá optar a una u otra bonificación de las cuotas por contingencias profesionales. Atendiendo a los indicadores anteriores, y en caso de no superar los límites, “la empresa mejorará un valor en la clasificación o se mantendrá en la clasificación máxima A”, establece el acuerdo.

El acuerdo firmado entre patronal, sindicatos y el Gobierno recoge las siguientes posibilidades:

• Se causará derecho a una bonificación del 4% en la cotización por contingencias profesionales que pagan los autónomos con empleados y negocios al mejorar de calificación. Por ejemplo, al pasar de la categoría C a la B.
• Los negocios que obtengan la clasificación máxima A podrán acceder a un “incentivo mejorado”, que asciende al 8% de la cuota por contingencias profesionales que pagan por sus asalariados cada mes.
• Si se superan los límites de siniestralidad establecidos, “se reducirá un valor en su clasificación o se mantendrá en la clasificación mínima D”, lo que impediría a estos negocios “acceder al incentivo en tanto se mantenga esta clasificación”, establece el acuerdo.

Los negocios tendrán que demostrar que invierten en prevención de riesgos para optar a las bonificaciones

En realidad, la bonificación acordada para aquellos negocios que presenten una baja siniestralidad e inviertan en mejorar su prevención de riesgos laborales estaba vigente hasta 2019. Tras el acuerdo entre CEOE y el Gobierno, se levantará la suspensión de este incentivo, con un nuevo sistema de reconocimiento “que exige la realización de inversiones en materia de prevención para su reconocimiento”, estableció el acuerdo.

Sobre este asunto, la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, explicó a este diario que muchos de los negocios con alta siniestralidad, como pueden ser los de la Construcción, la Agricultura o la Industria, “ya tienen que hacer inversiones”. Así, tras la entrada en vigor del acuerdo, “deberían demostrarse para poder optar a las bonificaciones.”

Estas inversiones, añadió Celia Ferrero, “no tendrían por qué ser sólo en material, sino también en formación. La inversión puede ser pequeña pero muy efectiva, y lo único que tendrán que demostrar es que se ha invertido en prevenir los riesgos laborales”, explicó.

La recuperación de estos incentivos para reducir la siniestralidad se produce en un momento donde los accidentes laborales graves sufridos por los autónomos crecieron el año pasado, a pesar de la reducción del total de percances, según los datos facilitados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

Por ello, la vicepresidenta de ATA concluyó afirmando que la medida contenida en el acuerdo, pendiente de desarrollo reglamentario, “es una forma de motivar, aunque los negocios ya velan por la seguridad de sus trabajadores, para mejorar el área de prevención de riesgos laborales.”