Los autónomos del sector porcino deberán pagar ahora 300.000 euros o cerrar con la ley de bienestar animal

La ganadería porcina en España se enfrenta a un nuevo desafío con la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023, que establece mayores exigencias de bienestar animal para las explotaciones. Según han señalado las organizaciones agrarias COAG y Asaja, la adaptación de las granjas a estas nuevas normativas supondrá un sobrecoste significativo para los autónomos, que podría superar los 300.000 euros por explotación.

Este ajuste económico, unido a la complejidad técnica de implementar los cambios, pone en riesgo la viabilidad de no pocas de las cerca de 20.000 granjas de porcino que existen en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Una cifra que incluye tanto las pequeñas granjas familiares como las grandes explotaciones industriales. Y todo, en un momento especialmente difícil para estos negocios, pues el sector porcino español arrastra un mal momento debido a la caída en las exportaciones al principal país de destino, China. La recuperación de la cabaña porcina en el gigante asiático ha provocado una reducción del 14,3% en volumen y del 27,6% en valor de las exportaciones españolas en el primer semestre de este año. Lo que llevó a una disminución significativa en los ingresos el año pasado, desde los 3.135 millones de euros en 2020 a sólo 1.223 millones de euros en 2023.

En cualquier caso, el Real Decreto 159/2023, que modifica la normativa vigente sobre protección de cerdos, introduce exigencias más estrictas en cuanto a la densidad de espacio por animal. Por ejemplo, se exige que el destinado para los cerdos de engorde aumente de 0,65 a 0,74 m² por animal, mientras que el espacio para lechones pasa de 0,2 a 0,24 m². Estas modificaciones, aunque orientadas a mejorar el bienestar de los animales, requieren una inversión considerable en las infraestructuras existentes para cumplir con las nuevas disposiciones.

Las asociaciones de ganaderos advierten que los autónomos tendrán que reducir un 10% sus explotaciones

“El coste medio aproximado de la nueva adaptación es de unos 300.000 euros por explotación, aunque depende de la granja”, explicó a este diario Jaume Bernis, miembro de la ejecutiva de COAG, además de ganadero de porcino con cuatro décadas de experiencia. “Si es una granja de madres, el coste medio es más alto que si es sólo de engorde. Porque lo que se nos exige es generar más metros cuadrados para mantener la misma cantidad de animales. Y en una granja de madres hay una adaptación muy concreta y costosa, que es en las salas de parto, donde, más allá de tener que generar más espacio, habremos de colocar parideras adecuadas a la normativa de parto libre. Esto es, que a partir del primero o segundo día de parto las madres puedan estar libres”.

Existe además otro sobrecoste. “Porque una granja de engorde de 2.000 cerdos pasará a albergar sólo entre 1.750 y 1.800 animales. Y si esta granja está integrada [cría para sí y engorda para otros], el ganadero dejaría de percibir al año unos 9.000 euros, por los cerdos que no podría engordar en el sistema de integración si se mantiene la instalación con los mismos métodos cuadrados”.

Factores que, según este ganadero, “afectarán y mucho al sector, porque, aunque esto aún no ha entrado en vigor, la planificación financiera de muchas explotaciones hará que, por desgracia, deban echar el cierre”.

Uno de los puntos más controvertidos de esta nueva normativa es la rapidez con la que debe ser implementada. Hasta el punto de que COAG y Asaja han solicitado una prórroga de tres años, esto es 2028, para la entrada en vigor del decreto. Según estas organizaciones, esta extensión es necesaria para garantizar una transición efectiva y sostenible, permitiendo a los ganaderos adaptar sus instalaciones sin provocar una caída drástica en la producción. Se estima que la reducción de plazas, debido a la nueva normativa, podría llevar a una pérdida de entre cuatro y ocho millones de cerdos cebados al año, dependiendo de cómo se calcule la superficie útil y de si se acepta el redondeo por corral.

Este escenario implica una reducción en la producción, además de una presión adicional sobre los precios del mercado, afectando tanto a los productores como a los consumidores. La caída en el número de cerdos cebados podría provocar un aumento en los precios de la carne, mientras que los ganaderos tendrían que enfrentarse a un mercado más competitivo y a la necesidad de hacer frente a los costes adicionales derivados de la adaptación de sus instalaciones.

La burocracia municipal puede crear también problemas a la hora de ampliar instalaciones

Además, las organizaciones agrarias han subrayado la importancia de alinearse con la normativa europea. Actualmente, la legislación española va un paso más allá que la Directiva 120/2008 de la UE, lo que añade una capa de complejidad para los ganaderos españoles. COAG y Asaja han solicitado que se espere a los debates y posibles cambios en la directiva europea antes de implementar definitivamente el Real Decreto, argumentando que esto aseguraría la coherencia con la normativa comunitaria y evitaría que los ganaderos españoles estuvieran en desventaja competitiva respecto a sus homólogos europeos. “No tiene ni pies ni cabeza que el ministerio adelante a Bruselas”, continuó Jaume Bernis. “Porque corremos el riesgo de establecer unas dimensiones que después no sean exactamente las aprobadas en Europa”.

Otro aspecto clave en esta transición es la necesidad de un plan coordinado de implementación que involucre al Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y los propios ganaderos. Una transición desordenada no sólo podría perjudicar la producción, sino también afectar negativamente al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales en España, donde la cría de porcino es una actividad económica vital.

Además de la solicitud de prórroga, ambas organizaciones agrarias han reclamado un paquete de ayudas específicas para facilitar la adaptación de las explotaciones. “Ayudas cruciales para que los ganaderos podamos implementar las mejoras necesarias en las granjas sin comprometer su sostenibilidad económica”. Pero las dificultades no terminan aquí. “Los ganaderos nos enfrentamos también a obstáculos burocráticos para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de las granjas, debido a las estrictas regulaciones y las complicaciones administrativas actuales, porque, claro, estamos solicitando más metros cuadrados para la misma cabaña de animales.”.

Este es un factor adicional que limita la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas. “Por eso pediremos que, una vez que entre en vigor esta nueva normativa, todas estas licencias se concedan con agilidad y rapidez, y que no generen problemas para que podamos continuar siendo competitivos”

De ahí que, si los ganaderos optan por ampliar la superficie de sus granjas para mantener el nivel de producción, los sobrecostes para adaptar las granjas y cumplir con la reducción de densidades por metro cuadrado podría elevarse a más de 500.000 euros. Una inversión es difícil de asumir, sin ayudas públicas, en un contexto de precios volátiles en el mercado de la carne y con márgenes de beneficio que son ya ajustados.

Los ganaderos amenazan con manifestaciones si Agricultura no legisla acorde con Bruselas

COAG y Asaja han propuesto, además, una modificación en las densidades de espacio por animal, buscando un equilibrio entre la normativa adicional de bienestar animal y la sostenibilidad económica de las explotaciones. Las densidades propuestas por estas organizaciones son más ajustadas que las establecidas por el Real Decreto, con la esperanza de que estas sean más manejables para los ganaderos sin comprometer significativamente el bienestar animal. Por ejemplo, para los cerdos con un peso vivo de entre 30 y 50 kilogramos, se propone un espacio de 0,45 m² por animal, frente a los 0,74 m² que establece la nueva normativa.

La situación se complica aún más con la incertidumbre respecto a los cambios que podría introducir la UE en su propia directiva sobre bienestar animal. Si bien el Real Decreto 159/2023 coloca a España en una posición de liderazgo en términos de bienestar animal, también supone una carga adicional sobre los productores locales, que podrían encontrarse en desventaja si otros países europeos no implementan normativas tan estrictas. Esta disparidad regulatoria podría resultar en un mercado desigual, donde los productos de porcino españoles se enfrenten a una competencia desleal de aquellos países con normativas menos estrictas.

La solicitud de una prórroga hasta 2028, por tanto, no sólo busca aliviar la carga económica inmediata sobre los ganaderos, sino también asegurar que España no se adelante demasiado a las futuras regulaciones europeas. Un enfoque coordinado a nivel de la UE permitiría a todos los países miembros avanzar al unísono, evitando desajustes que puedan perjudicar a los productores de cualquier nación en particular. “Si la prórroga no se concede, y el Ministerio no deja de avanzar por su cuenta, nos tendrá a los ganaderos en la calle, porque no aceptaremos jugar con cartas diferentes a las de Bruselas”.

Además, el paquete de ayudas solicitado por las organizaciones agrarias es esencial para evitar el cierre de granjas y la consecuente pérdida de empleos en las zonas rurales. El sector porcino es un pilar económico en muchas regiones de España, y su debilitamiento podría tener repercusiones negativas en la economía local y en la cohesión social de estas áreas.