La UE obliga a las subcontratas de los autónomos a cumplir normas de sostenibilidad de la gran empresa

El Consejo Europeo ha dado recientemente el visto bueno a la Directiva que regula las obligaciones de las empresas en relación al medioambiente y su impacto en los derechos humanos, aprobando de manera definitiva la normativa sobre diligencia debida que exige a las subcontratas que trabajan para las grandes empresas, muchas de ellas constituidas por autónomos con pocos asalariados, a que también cumplan con los requisitos de sostenibilidad que se piden a las grandes multinacionales. Esto supondrá nuevos costes y gestiones burocráticas, dicen los expertos.

Esta confirmación llega después de que el pasado mes de abril el Parlamento Europeo adoptara la propuesta, dando paso a que estas empresas tengan que implantar criterios responsables con el medioambiente y las personas. Con la aprobación definitiva de la Directiva, la Unión Europea arrastra también a las pequeñas y medianas empresas, según explicó a este medio Jorge Capéans, secretario técnico de Economistas Contables, del Consejo General de Economistas (CGE).

Entre las obligaciones de las empresas se incluye que verifiquen que las pymes de su cadena de suministros o sus subcontratas también hayan adoptado medidas de sostenibilidad medioambiental. 

Así, a las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas que funcionen como proveedoras o subcontratas de empresas más grandes, incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa, se les va a requerir responder a solicitudes de información sobre sostenibilidad cuando contraten con ellas, según informaron desde el CGE.

La nueva Directiva de sostenibilidad arrastra a las pequeñas y medianas empresas

El Consejo Europeo ha aprobado la Directiva de Diligencia de las grandes empresas en materia de sostenibilidad o ESG, que trata de asegurar que los modelos de gobernanza de estas empresas implementen medidas y políticas de diligencia respetuosas con el medioambiente y los derechos humanos. Pero también, que tanto ellas como aquellas empresas y negocios que intervienen en su cadena de actividades cumplan una serie de criterios que aseguren el respeto y la protección al medioambiente o ESG (medioambiente -Environmental-, ámbito Social -Social-, y Gobernanza -Governance-).

En ese sentido, aunque esta normativa no afecta en principio a las pequeñas y medianas empresas, ya que su ámbito de aplicación se circunscribe a grandes empresas con más de 1.000 empleados y facturación superior a 450 millones de euros-, la normativa afecta de forma indirecta a las pequeñas y medianas empresas, debido a las propias exigencias de la Directiva.

Según detalló Capéans, dentro de la normativa se recoge al subconjunto específico de la cadena de valor, lo que incluye a los proveedores directos e indirectos que participen en la producción de bienes o en la prestación de servicios de estas grandes empresas, así como a sus socios comerciales -por ejemplo, los relacionados con la distribución de mercancías, como transporte o almacenamiento-.

Como explicó el secretario técnico a este diario, cuando contraten con estas empresas más grandes “se verán afectadas de forma indirecta, ya que estas empresas deben verificar que aquellos que participan en su cadena de actividad o suministro también siguen criterios ESG”. Es decir, que la Directiva obliga a las empresas que deben cumplir la normativa a que sus proveedores o subcontratas también hayan adoptado medidas que protejan y respeten el medioambiente y los derechos humanos. Por tanto, las pymes quedan afectadas cuando formen parte de la cadena de actividades de las empresas obligadas. 

Para ello, las grandes empresas pueden solicitar información a los negocios y medianas empresas cuando quieran entablar relaciones comerciales o de servicios con ellos. Según el CGE, es recomendable que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas estén preparadas para “responder a las solicitudes de información sobre sostenibilidad de manera eficiente y proporcionada”, y no solo a las grandes empresas, sino también a los bancos y a sus clientes para que puedan tener un mejor acceso a prestamistas, inversores o clientes.

Las pymes subcontratadas tendrán que asumir los costes de adaptarse a las normas de sostenibilidad

Si bien las empresas obligadas a la normativa tendrán que adaptar las medidas solo en proporción al nivel de gravedad de su impacto en el medioambiente y a la probabilidad de efectos adversos, y que se encuentren al alcance de la empresa, en el caso de pequeñas y medianas empresas, “que incluyen a las microempresas”, y que suponen el 99% del tejido productivo español, “la carga financiera y administrativa de establecer este tipo de medidas sería relativamente elevada” aclaró Capéans. 

Según el CGE, esto se debe a que los pequeños negocios y las pymes no disponen de los mecanismos preexistentes necesarios para implantar estos cambios, ni poseen el conocimiento técnico y personal cualificado para aplicar estas pautas de diligencia, por lo que “el coste las afectaría de manera desproporcionada”. 

Por ello, como explicó Capéans, se las excluye de manera directa en el ámbito de aplicación de la normativa, pero, sin embargo, sí que estarán expuestas a algunos de los costes y a parte de la carga mencionada, “debido a las relaciones comerciales con empresas obligadas a cumplir la normativa, quienes se prevé que repercutan las exigencias sobre sus proveedores”. En ese sentido, las grandes empresas afectadas por la Directiva van a necesitar también medidas de actuación que contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar su capacidad para hacer frente a los requerimientos, especialmente en los casos en los que se pueda poner en peligro la viabilidad de la pyme.

¿Qué prácticas deberán adoptar los pequeños y medianos negocios tras la aprobación de la Directiva?

Entre las recomendaciones de los economistas, las prácticas incluyen todo aquello que permite una transición hacia una economía más sostenible, es decir, aquellas pautas que reducen los impactos adversos en el medioambiente, y que potencian los efectos positivos tanto en éste como en las personas. 

Este tipo de medidas “no incluyen actividades filantrópicas, como podrían ser las donaciones”. En cambio, sí incluyen las que estén enfocadas a “mejorar las condiciones laborales y la igualdad de trato en el lugar de trabajo”, así como todas aquellas que garanticen la formación en sostenibilidad del personal, que minimicen el consumo de agua y de energía, que prevengan la contaminación, o que mejoren la seguridad de sus productos. 

Las iniciativas para participar o colaborar con universidades en proyectos de sostenibilidad también se incluyen dentro de estas prácticas.