ATA recuerda que el dictamen del Consejo de Europa sobre la indemnización por despido no es vinculante
Ante la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que afirma que las indemnizaciones por despido improcedente en España “no son suficientes”, desde ATA recordaron que ésta no tiene carácter vinculante, y que otros países no han ejecutado dictámenes similares.
Esta semana se ha publicado una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, que concluye que la indemnización por despido improcedente en España “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente, y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.”
Ante el dictamen, fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recordaron que éste no es vinculante, y que el CEDS no es un órgano judicial. Por tanto, los jueces no tienen por qué acatar sus resoluciones, ni ello implica obligatoriamente una reforma de la legislación para encarecer el coste del despido que pagan los negocios cuando se ven obligados a prescindir de un trabajador, ahora mismo fijada en 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.
No obstante, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que llevará a la mesa de negociación con los agentes sociales una posible reforma de la indemnización por despido improcedente. “Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea”, afirmó.
La resolución del CEDS se ha producido después de que el sindicato UGT interpusiera una reclamación ante este organismo hace unos meses, como ya contó este diario, en la que apostaron por incorporar en la legislación española el llamado “despido a la carta”, algo que los juristas consideraron que podría crear una enorme inseguridad para los negocios y autónomos con asalariados.
ATA recuerda que la resolución no es vinculante y no obliga a la Justicia ni al Gobierno a aplicarla
Ante la conclusión del CEDS, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recordaron que ésta no tiene carácter vinculante. En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de la organización, afirmó a este diario que es necesario “tener en cuenta que es un órgano consultivo” y que, por ello, “los jueces no tienen por qué cambiar las indemnizaciones basándose en un órgano que no es jurisdiccional.”
Efectivamente, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es un órgano compuesto por 15 miembros elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por tanto, sus resoluciones no son vinculantes ni es un órgano judicial, y ni la Justicia ni los gobiernos de los países de la Unión Europea deben acatar sus recomendaciones.
Por ello, desde ATA recordaron que “el resto de los países a los que el CEDS les ha realizado dictámenes similares no los han ejecutado”. Asimismo, Lorenzo Amor aseguró que todavía no hay ninguna propuesta encima de la mesa de negociación para reformar la legislación española.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró en una entrevista concedida a El País que “el Comité es consultivo y hay muchos temas consultivos que no se atienden. España está entre los 20 países de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se saltan los acuerdos sociales, y de eso nadie habla.”
A pesar de ello, los abogados laboralistas consultados por este diario explicaron que la resolución del CEDS “podrá ser utilizado más tarde en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas sentencias sí son vinculantes y podrían forzar al Gobierno a modificar la legislación”.
Ante el dictamen, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró, pocas horas después de que se publicase el dictamen, que llevará a la mesa de negociación con los agentes sociales esta cuestión. “Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma”, afirmó, en línea con la propuesta que lanzó hace más de un año para incorporar a la legislación el llamado “despido a la carta”.
El “despido a la carta” generaría inseguridad jurídica y un aumento de costes para los autónomos y negocios
El dictamen del CEDS se ha producido tras una reclamación interpuesta por el sindicato UGT, que pide que en España se establezca el llamado “despido a la carta”. Es decir, que las indemnizaciones se fijen en función de las condiciones socioeconómicas del trabajador, y no por sus años de antigüedad en la empresa exclusivamente, como ocurre en la actualidad.
Yolanda Díaz ya refrendó esta postura hace más de un año, después de que un Tribunal Superior de Justicia fijase por primera vez una indemnización por despido improcedente superior a los 33 días por año trabajado.
Sobre este asunto, diferentes juristas alertaron a este diario sobre las consecuencias para los autónomos y negocios de aplicar el “despido a la carta”. En primer lugar, respecto a los costes que tendrían que asumir cuando se ven obligados a prescindir de un trabajador, algo para lo que a menudo tienen que hacer un gran esfuerzo económico que repercute sobre su actividad.
Además, podría generar una gran inseguridad jurídica. “¿Cómo se va a saber cuál es el criterio en cada caso y qué cantidades corresponden a cada situación para fijar una indemnización? La ley debe objetivar los criterios”, valoró entonces Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons.
Por último, el “despido a la carta” también podría tener un efecto sobre la contratación de colectivos vulnerables. En este sentido, “si contratarlos supone un aumento de los costes de despido para el negocio, lo más lógico es que se decida optar por incorporar a otro perfil de empleados”, aseguraron los expertos.
En esta línea, Antonio Garamendi afirmó que “uno de los problemas que nosotros estamos viendo en este país, y lo digo permanentemente, es que tiene que haber seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas.”
