Cada año desaparecen 375 pescaderías por los elevados costes que tienen que soportar estos autónomos

En 2007 existían en España algo más de 15.000 pescaderías tradicionales. Hoy, su número apenas supera las 9.000. Cada año desaparece de calles y mercados una media de 375 comercios detallistas de productos pesqueros y acuícolas. Los motivos que están llevando al lento ocaso de este comercio de proximidad, compuesto fundamentalmente por autónomos y negocios familiares –que dan empleo a más de cerca de 20.000 personas– acaban de ser trasladados a los representantes políticos en vísperas de las inminentes elecciones europeas.

Una decena de demandas que María Luisa Álvarez Blanco, directora general de su patronal, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de pescados Frescos y Congelados (Fedepesca), resumió a este diario en una: “Tener claro el tipo de estrategia alimentaria que deseamos, ya no sólo como país, sino como entidad supranacional. Pues ni en España, ni en la Unión Europea se tiene esa visión trasversal que ayude a adoptar decisiones coherentes entre la economía y la vida real de los ciudadanos; entre la alimentación y la salud”.

Fedepesca denuncia que las pequeñas pescaderías afrontan las mismas normas y procedimientos que las multinacionales

Con el objetivo de lograr unas condiciones justas de competencia y la mejora generalizada de los autónomos y pequeños empresarios del sector, la representante de las pescaderías tradicionales solicita la eliminación de los impuestos indirectos que gravan los alimentos saludables y sostenibles, como son los pesqueros y acuícolas. “Ya que es algo que recogen las estrategias europeas De la Granja a la Mesa, o Del Mar al Plato, se lograría hacer accesibles y asequibles estos para todos los ciudadanos de la UE, fomentando una fiscalidad saludable y lanzando un mensaje contundente sobre la necesidad de incluir estos productos en la cesta de la compra”.

Dado que se trata de un sector fundamentalmente compuesto por pequeños negocios familiares, Fedepesca aboga por que la UE adapte el régimen fiscal y contable existente a las pequeñas empresas de menos de cinco trabajadores, fijando un marco regulatorio que garantice la pervivencia de estas micropymes. “Pedimos que la legislación europea tenga en cuenta la especificidad de estos negocios. Con una cierta rebaja impositiva y sistemas simplificados respecto a la multitud de normas a cumplir por parte de estas empresas de reducida dimensión, que les permita competir con las multinacionales”.

Y es que, a su parecer, no tiene sentido que el pequeño comercio de pescado tenga cerca de 3.000 normas y procedimientos, todos ellas con régimen sancionador, al margen de los temas fiscales y laborales. “Lo que hace que una pescadería media haya de emplear cerca de 6.000 euros al año en conocer, contratar a quien se ocupe y cumplir todas ellas. Debido a que la sobrecarga burocrática impide, muchas veces, el cumplimiento efectivo de tanto trámite es necesaria una regulación que se ajuste a la capacidad real del sector”, continuó Mª Luisa Álvarez Blanco. “Un ejemplo de desproporción: dejar pasar unos días desde la última revisión de una báscula –ojo, aunque esta siga pesando perfectamente– tiene una sanción que diez veces mayor que la de un vehículo sorprendido sin pasar la ITV”.

La ley para combatir el desperdicio alimentario “está muy bien, pero nuevamente ha de tener en cuenta el tamaño de la empresa a la que se exige su aplicación. “Es innecesaria en pescaderías donde el autónomo, que se encarga personalmente de comprar el género, ya se ocupa de que no sobre, por la cuenta que le trae”.  De ahí la demanda de establecer porcentajes de reducción adecuados por tamaño de empresa y producto, pues las pescaderías tradicionales apenas generan desperdicio por abastecerse diariamente y casar oferta y demanda.

La patronal de las pescaderías solicita que la inspección vigile las ofertas sospechosas por parte de las grandes cadenas

Fedepesca solicita que en la futura Ley de la Cadena europea se prohíba las ventas a pérdida, que banalizan el valor real de los productos, que son utilizados en ocasiones para atraer a los clientes a tienda, con precios bajo coste. “Nuestra demanda es que la inspección visite a las grandes cuando se anuncien rebajas de precio desproporcionadas, detrás de los cuales todos sabemos que hay trampa”.

Para evitar la falta de relevo generacional en el sector, la patronal de las pescaderías tradicionales demanda que se garantice el reconocimiento social y la oferta formativa pública, inexistente en España en estos momentos, y obligatoria sólo en algún país europeo. “Europa debe diseñar una oferta formativa que garantice la homogeneidad para ejercer ciertos oficios, cualificar adecuadamente a sus profesionales y que cada estado miembro pueda adaptarse a sus peculiaridades”. Mª Luisa Álvarez Blanco se queja del agravio comparativo que supone la FP enfocada a la hostelería, “que lo tiene todo, mientras que hasta 2018 el comercio estaba excluido de la oferta formativa. De tener unos buenos estudios profesionales, los jóvenes vendrían cualificados, en lugar de tener que formarse en el puesto de trabajo; que es algo del siglo pasado”.

Otra solicitud de Fedepesca es la de volver a establecer el sistema de subasta tradicional como obligatorio, para evitar la compra previa y directa de flotas de barcos por parte de los grandes operadores, “lo cual impide el acceso a las mismas a otros compradores, como restaurantes, pescaderías, etcétera; una práctica que beneficia a las multinacionales e impide el acceso simultáneo y en igualdad de condiciones a un bien público natural”.

Solicita asimismo la revisión por parte de la Comisión Europea del Reglamento sobre Organización Común de Mercados, para igualar los requisitos en materia de información exigidos al comercio, frente a otros sectores económicos, no sometidos a estas exigencias. “¿Por qué es necesario que, al comprar atún, por ejemplo, el pescadero haya de informar de si se trata de atún rojo o no, si ha sido pescado en zona FAO o en el Índico, o qué arte de pesca se ha empleado para su captura, y cuando se pide tartar de atún en un restaurante se pueda servir sin más?”.

Por último, Fedepesca reclama una Comisaría exclusiva de Pesca y Acuicultura, dado que en la actualidad los asuntos de pesca están en manos de la de Medioambiente, “y esta se ocupa de que los de aquí seamos sumamente escrupulosos a la hora de cumplir normativas, lo cual está muy bien”, concluyó Mª Luis Álvarez Blanco. “Pero después se permite que lleguen capturas de mercados donde ya no sólo estén en entredicho las normas de sostenibilidad, sino incluso los derechos humanos”.

La caída del consumo de pescado es una de las causas del cierre de los negocios

En 2013, cada hogar español consumía 27,2 kilos de pescado al año. Transcurrida una década, la cifra baja ya de los 18,5 kilos, según el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una continua y drástica bajada en la ingesta de alimentos procedentes del mar, ante la que Fedepesca insiste en la necesidad de promocionar su consumo por parte de las administraciones nacional y europea.

“Creando conciencia de la importancia de incluir en la dieta productos más sostenibles y saludables. Porque esos 8,7 kilos menos por persona y año no pueden provenir sólo de la falsa creencia de que el pescado es caro. Somos uno de los países con mejor oferta en este sentido, y hay muchas especies por debajo de los cinco euros por kilo”. En opinión de esta experta, “no cabe decir que no se consume pescado, porque está caro, si cada vez se viaja más y aumenta el presupuesto familiar en ocio y tecnología”.

La máxima responsable de Fedepesca se refiere a los cambios alimenticios que se viven ya y que se avecinan con las nuevas generaciones, “que no saben comprar productos frescos, ni mucho menos cocinarlos; algo imprescindible para una alimentación saludable”. Nuevas conductas y costumbres que, a su parecer, van a pasar factura.

“Como se ha cuantificado ya en países sin un sistema de salud público y gratuito, como el nuestro. Y que indican que las enfermedades crónicas, directamente relacionadas con la alimentación, como la obesidad y sus derivadas, pueden llegar a costar a las arcas públicas en torno a los 28.000 millones de euros anuales. Eso sin contar en la parte económica que afecta a las empresas, como la s bajas laborales, la bajada de la productividad, etcétera”.

Fedepesca considera también necesario implantar políticas educativas en el ámbito europeo para mejorar la educación nutricional y formar a los futuros consumidores, para poder tomar decisiones que les permitan llevar una dieta saludable y sostenible.