"Los autónomos soportan cada vez más cargas fiscales por los llamados impuestos verdes"
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha publicado un informe en el que alertaron sobre el incremento de la carga fiscal que tienen que asumir los autónomos y pequeños negocios relativa a la sostenibilidad. A pesar de ello, las ayudas que reciben no están incentivando su transición ecológica.
Los autónomos y negocios aportan más al Estado por los impuestos medioambientales que todo lo que reciben en ayudas e incentivos por adaptar sus medios de producción al concepto de sostenibilidad. Así lo aseguraron los fiscalistas a este diario, en el marco de la presentación de un informe sobre la regulación en sostenibilidad.
Según explicaron, en España existe una “excesiva presión regulatoria en torno a la sostenibilidad”. Prueba de ello es que, entre 2012 y 2022, las leyes y normativas de obligado cumplimiento para los negocios y autónomos han pasado de apenas 14 hace una década a 165 actualmente, lo que supone un crecimiento de más del 1.000%.
A esta cifra habría que añadir otras normas que se han ido aprobando en los últimos dos años, como el impuesto a los envases de plástico no reutilizables que tienen que pagar miles de negocios y trabajadores por cuenta propia desde el año pasado, o la Directiva europea de información corporativa en materia de sostenibilidad, cuyo plazo de trasposición vence el próximo julio.
Todo, mientras las ayudas e incentivos para que los negocios realicen la llamada “transición ecológica” son insuficientes para cubrir las inversiones que deben realizar, mientras tienen que asumir cada vez más trabas administrativas y se incrementa su factura fiscal mediante los llamados “impuestos verdes”, afirmaron los economistas.
Las ayudas e incentivos sostenibles para los negocios y autónomos son insuficientes
Como explicó a este diario Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), los autónomos y negocios todavía no están recibiendo las ayudas e incentivos suficientes para adaptar sus medios de producción a los requerimientos en sostenibilidad.
En este sentido, el presidente del REAF puso el ejemplo de un autónomo transportista “al que se dice que tiene que contaminar menos con su camión. Para ello, necesita un tiempo y una ayuda para renovar su vehículo, ya sea en forma de subvención o de deducciones para, al menos, igualar el esfuerzo que hace para no contaminar.”
Sin embargo, las ayudas disponibles no están cubriendo el coste real de estas inversiones, algo que, como es evidente, no incentiva que los autónomos y pequeños negocios aborden su transición ecológica.
Así, “estos incentivos y ayudas no están siendo suficientes -en algunos casos, inexistentes- para cubrir las elevadas tasas e impuestos medioambientales que tienen que asumir los autónomos”, valoró Agustín Fernández. En ocasiones, incluso, tienen que hacer frente a restricciones a su actividad, como en el caso de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligatorias desde el pasado 1 de enero en todas las localidades de más de 50.000 habitantes, como contó este diario hace unos días.
Aumenta la presión fiscal “verde” hacia los autónomos y las pymes
Todo, mientras los autónomos cada vez tienen que soportar una mayor carga fiscal relacionada con la sostenibilidad. Sobre este asunto, en primer lugar, el presidente del REAF explicó a este diario que “existen una serie de costes diluidos en el sistema, que tanto los ciudadanos de a pie como los autónomos deben soportar y que están vinculados al medioambiente: impuestos de carburantes, tasas, etc.”
A estos costes habría que sumar los derivados de estas cuestiones, en el caso de los autónomos y pequeños negocios, “otras tasas e impuestos que dependen de su actividad. Por ejemplo, impuestos a los vertederos o el impuesto a los envases de plástico no reutilizables que entró en vigor el año pasado”, explicó.
En consecuencia, estos impuestos suponen un aumento adicional a la carga fiscal que tienen que soportar los autónomos, ya de por sí elevada. En este sentido, el presidente del REAF afirmó que “el sistema fiscal español está sobrecargado, como dicen la AIReF o la OCDE. En un país donde hay una carga impositiva elevada, este tipo de tasas aumenta todavía más la carga a los trabajadores por cuenta propia”, valoró.
La normativa ambiental que soportan los negocios ha crecido más de un 1.000% en la última década
Además del incremento de los impuestos ambientales y las escasas ayudas para que los autónomos adapten sus medios a las exigencias de sostenibilidad, los economistas alertaron sobre el exceso de regulación que tienen que soportar los negocios en esta materia. En concreto, las normas ambientales han crecido más de un 1.000% en la última década, pasando de 14 en 2012 a 165 en 2022.
Entre las nuevas obligaciones, destacan el citado impuesto a los envases de plástico no reutilizables o las restricciones a la entrada de las ciudades, pero también la información que tienen que declarar periódicamente. Por ejemplo, las microempresas deberán demostrar, desde este mismo mes, que cumplen con las normas para frenar la comercialización de productos ligados a la deforestación dentro de la Unión Europea (UE).
En este contexto, desde el REAF consideraron que “para las pymes resulta complejo obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad. Además, tienen serias dificultades para poder reportar su impacto medioambiental debido a la falta de bases de datos históricos o a la mala calidad de éstos.”
Sin embargo, teniendo en cuenta que el 98% del tejido empresarial español está constituido por pymes, “es evidente que el proceso de inversión y transformación no se puede realizar sin ellas. Tienen que estar sí o sí en la ecuación y, además, de forma racional y eficiente. No obstante, su incorporación al mismo es todavía muy incipiente”, valoraron los economistas.
Y, para ello, consideraron que “se deberá fomentar que las pymes adopten un enfoque gradual, comenzando con aquellos cambios que requieren menor inversión y proporcionan retornos rápidos como, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética o reducir el desperdicio”, concluyeron los economistas asesores fiscales.
