El exceso de impuestos y de normativas puede acabar con los negocios más pequeños, señala un informe

España se diferencia de la Unión Europea en que tiene la mayor cantidad de microempresas de los 27. Aquellas con menos de diez trabajadores y de dos millones de euros de volumen de negocio. Este fenómeno es significativo, ya que estos negocios constituyen un porcentaje sustancial del tejido empresarial del país y emplean a más del 50% de la masa laboral española. Pues bien, esta estructura tiene un impacto directo en la productividad general del país, como señala el informe El reto del tamaño empresarial en España, publicado el Instituto Español de Analistas.

Las evidencias presentadas en el mismo sugieren que las microempresas en España son notablemente menos productivas, especialmente en comparación con sus homólogas de otras grandes economías de la UE; lo cual es preocupante, ya que esta falta de productividad contribuye a la falta de convergencia del PIB real per cápita de España respecto a la UE. Y es que, en los últimos 20 años, las pymes españolas han frenado su dinámica de crecimiento, según el informe, debido principalmente al exceso de regulación legal y a determinados umbrales fiscales y laborales.

La páginas de leyes que tienen que cumplir los negocios cubrirían la distancia entre Madrid y Cádiz

Lo que viene a reforzar las palabras del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados: “Sólo el pasado año, el Boletín Oficial del estado y sus homólogos de las diferentes comunidades autónomas publicaron más de 1.275.000 páginas de normas y regulaciones. Lo que hace que un autónomo o un propietario de un pequeño negocio haya de leerse, para estar al día, 3.494 páginas cada jornada de trabajo”.

A pesar de que, durante un tiempo, el Gobierno estuvo en funciones el pasado 2023 hasta las Elecciones generales, explicó Lorenzo Amor en la Cámara Baja, “aún así, los diferentes ministerios sacaron adelante 683 normas estatales. Dejen que les ponga un ejemplo gráfico: colocando esas hojas en el suelo, una detrás otra, cubriríamos el trayecto por carretera entre Madrid y Cádiz...”.

Más allá de ese exceso de regulaciones, que ya fue referido por la CEOE en el mes de mayo con otro símil gráfico –el peso de esa documentación aprobada durante el pasado año se equipararía al de 11 vacas lecheras–, el informe de los analistas destaca el efecto negativo que provoca el umbral financiero de seis millones de euros, a partir del cual el sistema fiscal de Hacienda asigna un control más estricto y la obligación de utilizar el Sistema de Intercambio de Información (SII) para el IVA.

Además de las dificultades intrínsecas asociadas al pequeño tamaño, los analistas indican también que las normativas laborales que se empiezan a aplicar cuando los negocios cuentan con una determinada plantilla, como la posibilidad de establecer un comité de empresa, actúan como barreras adicionales al crecimiento, que limitan significativamente la expansión empresarial. Estos factores regulatorios han dado como resultado en un menor número de grandes empresas y un mayor peso de los pequeños negocios, que son menos productivos.

Los negocios pierden sus beneficios fiscales cuando aumentan su tamaño

Las pymes cuentan con una fiscalidad más ventajosa en determinados aspectos, con respecto a otras empresas, por su capacidad económica más reducida. Este trato privilegiado, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una herramienta contraproducente, ya que puede desincentivar a las empresas a aumentar su dimensión para no perder dichos beneficios tributarios. “Es evidente que tiene que haber un régimen con ayudas fiscales, pero hay que excluir el posible desincentivo al crecimiento. Las normas y ventajas fiscales a favor de la pyme no pueden constituir un desincentivo a crecer, que es un problema que siempre han tenido los beneficios fiscales”, resumió Cesar García Novoa, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Santiago de Compostela.

Por lo que este experto insistió en que es “fundamental llevar a cabo una criba de estos beneficios fiscales que existen en la Ley del Impuesto de Sociedades en relación con las compañías de reducida dimensión, para dejar únicamente aquellos que realmente tienen sentido”.

También hay distorsiones con respecto a la financiación, en el sentido de que es mejor emplear para ello recursos ajenos, porque tienen un tratamiento fiscal más ventajoso. Sin embargo, en el caso de las pymes es más complicado acceder a estos fondos, por lo que se produce un sesgo en favor del endeudamiento.

Los analistas reclaman una nueva categoría, entre la pyme y la gran empresa

Reconociendo la necesidad de adaptarse a la evolución del mercado, los analistas proponen que la oficina estadística europea, Eurostat, revise su fiscalidad para que sea más acorde al tamaño de las empresas en los 27 estados miembros, y se introduzca una categoría intermedia entre pyme y gran empresa. Una nueva clasificación de tamaño empresarial, que incluya lo que en términos anglosajones se denomina large mid cap, con un rango de empleo entre 500 y 1.400 empleados. Revisión que reflejaría más adecuadamente la realidad económica actual, en la que emergen nuevas formas de emprendimiento y estructuras empresariales que no encajan en las clasificaciones tradicionales.

Esta dificultad en ganar tamaño provoca un impacto negativo en la productividad, por lo que David López, responsable de la Unidad de Análisis de Intermediarios Financieros del Banco de España, y uno de los ponentes que presentó el informe –coordinado por Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del banco emisor, y Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de Bolsa y Mercados Españoles–, incidió en la necesidad de “entender mejor la complementariedad que existe entre los efectos de la regulación laboral y los costes tributarios asociados a una mayor dimensión empresarial”. Añadiendo un dato revelador: “En promedio, las empresas españolas son menos productivas que en las grandes economías de la UE, y ese déficit es particularmente relevante en las microempresas”.

El informe ofrece un exhaustivo diagnóstico, en términos generales, sobre las razones por las cuales los pequeños negocios españoles no logran crecer y ganar en productividad:

• Déficit de I+D.
• Una formación insuficiente o inadecuada.
• Una deficiente asignación del crédito.
• La existencia de un gravamen efectivo mayor asociado al crecimiento empresarial.
• El exceso de regulación mencionado en materia laboral y fiscal.