Los pequeños comercios no saben cómo cubrir las tres semanas que les supone la reducción de jornada

La Confederación Española de Comercio (CEC) estima que la reducción de la jornada laboral que propone el Gobierno supondrá un impacto significativo en en los pequeños negocios de los autónomos, tanto por el coste económico directo, como por las dificultades logísticas para adaptarse a esta normativa. El comercio minorista, formado por más de 393.000 negocios, estima que esta medida podría costar al sector hasta 3.866 millones de euros al año. O lo que es lo mismo, una media de 9.800 euros al año por establecimiento.

El próximo lunes, 9 de septiembre, está previsto que se reanuden las conversaciones entre Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, con el objetivo de acercar posturas sobre su impacto económico antes de que finalice septiembre. Ya que el Ejecutivo ha establecido, de forma unilateral, un calendario para su implementación: pretende que las reformas entren en vigor, de forma progresiva, comenzando ya en 2024, con una reducción inicial de las horas semanales de 40 a 38,5, para pasar a 37,5 en 2025.

La norma afectará a 1,2 millones de comercios que tienen menos de dos empleados

Las posiciones continúan muy alejadas, y el tiempo para alcanzar un acuerdo se agota​. “El comercio de proximidad tiene un misil que apunta a su línea de flotación: la reducción de la jornada laboral”, comentó a este diario Rafael Torres, presidente de la CEC. “La medida va a afectar gravemente la competitividad del sector, porque la mayor parte de los negocios de comercio de proximidad no tienen el tamaño suficiente para adaptarse con flexibilidad a esta reducción de horas”.

Esta estimación se deriva principalmente de la necesidad de suplir las horas reducidas en los trabajadores por cuenta ajena, lo que afectará a 1,4 millones de empleados que verán reducida su jornada en 2,5 horas semanales, lo que equivale a una pérdida de 171,8 millones de horas anuales de trabajo. Rafael Torres subrayó que “el 46% de los negocios de comercio están en manos de autónomos sin asalariados. Si bien, de los que sí que tienen empleados a su cargo, el 83% tiene hasta dos trabajadores, lo que hace que la implementación de esta normativa sea casi imposible sin graves consecuencias”.

La reducción de jornada supondrá un sobrecoste considerable para aquellos pequeños negocios que intenten cubrir las horas de trabajo perdidas mediante nuevas contrataciones. Sin embargo, dadas las dificultades para encontrar personal cualificado en este sector y los márgenes ajustados con los que operan la mayoría de los comercios de proximidad, esta opción parece inviable.

Para los autónomos, que ascienden a más de 480.000 en el sector, la medida plantea un problema adicional, ya que su capacidad para contratar personal es limitada, y la reducción de horas supondrá una pérdida de competitividad aún mayor frente a otros formatos comerciales más grandes y, especialmente, frente a las plataformas de venta online, que no se verán afectadas por esta normativa.

Muchos pequeños comercios de zonas rurales tendrán que cerrar por la reducción de jornada, asegura la CEC

Además del coste económico directo, la reducción de la jornada laboral tendrá otros efectos colaterales. Para muchos pequeños negocios, la reducción de las horas de apertura al público será algo casi inevitable –salvo que el autónomo de un paso al frente y aumente su propia jornada laboral–, lo que podría traducirse en una disminución de las ventas y una mayor pérdida de competitividad en comparación con las grandes superficies y las tiendas online. Así, según las estimaciones de la CEC, los pequeños comercios se verán obligados a cubrir 120 horas al año con la reducción de jornada, lo que se supondrá menos ingresos y más dificultades para competir en un mercado cada vez más digitalizado.

Rafael Torres argumentó que “la presencia física de personas en el punto de venta es crucial en el pequeño comercio para ofrecer una adecuada atención al cliente que se traduzca en ventas”. Esta característica inherente al sector hace que la medida de reducción de jornada impacte de manera directa sobre su productividad, ya deteriorada por los estrechos márgenes con los que opera. La situación es particularmente alarmante en las zonas rurales y la España vaciada, donde el pequeño comercio juega un papel esencial en la economía local y en la cohesión social. Aquí, la reducción de la jornada podría agravar el riesgo de cierres, afectando aún más a un tejido comercial que ya está en una situación precaria.

La patronal del comercio minorista critica no sólo el contenido de la medida, sino también la forma en que se está imponiendo. La CEC ha expresado su descontento con lo que considera una imposición unilateral por parte del Gobierno, que atenta contra el diálogo social y no respeta las particularidades del sector del comercio de proximidad. “Una imposición de esta magnitud se salta el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales, pues no ha habido una consideración adecuada de los convenios colectivos vigentes en el sector”.

El comercio minorista ya viene enfrentándose a un aumento de los costes laborales en los últimos años. En 2023, los costes laborales del sector crecieron un 5,9%, por encima de la media del conjunto de la economía. De modo que esta nueva normativa, sin medidas compensatorias que ayuden a aliviar el aumento de costes, podría restar hasta seis décimas al crecimiento del PIB en los próximos dos años y 8 décimas al crecimiento del empleo, según las estimaciones de la CEC.

La CEC reclama que los pequeños comercios puedan aplicar la reducción de jornada de forma flexible

La patronal del pequeño comercio propone varias medidas para mitigar los efectos negativos de la reducción de la jornada laboral entre sus representados. Entre ellas, se encuentra la necesidad de políticas que reduzcan los costes no salariales, “como las cotizaciones sociales, y una mayor flexibilidad en el cómputo anual de la jornada laboral, permitiendo a los negocios modificar hasta un 10% de la jornada anual con cinco días de antelación”. Asimismo, propone regular de manera más efectiva el contrato a tiempo parcial con horas complementarias, algo que ya ocurre en muchos convenios sectoriales.

Otro aspecto clave para la CEC es la necesidad de fomentar la formación continua y la transformación digital en el sector. “La modernización del pequeño comercio a través de la digitalización y la mejora en la gestión y los procesos de venta es una vía para mejorar su competitividad y adaptarse a un mercado cada vez más tecnológico”. En este sentido, su presidente ve la atracción de talento joven, en colaboración con centros de formación y universidades, es fundamental para revitalizar el sector y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Finalmente, la CEC subraya la importancia de evaluar detalladamente los efectos potenciales de la reducción de la jornada antes de su aprobación definitiva. Rafael Torres insistió en la necesidad de contar con la participación de los interlocutores sociales en el diseño y la ejecución de la medida, “para asegurar que su impacto sea justo y equilibrado para todos los sectores, especialmente para aquellos, como el comercio de proximidad, que se encuentran en una situación más vulnerable”.

Sin embargo, el riesgo de que la medida se implemente sin los ajustes necesarios para el sector del comercio de proximidad sigue siendo alto. “La realidad del pequeño comercio en España no permite la aplicación de medidas generales sin tener en cuenta las características específicas del sector”, concluyó.