Ahora los autónomos podrán conocer el coste de un proceso judicial antes de iniciarlo
La Ley del Derecho de Defensa incorpora novedades como la facultad de ser informado del coste general de un proceso y de las consecuencias de una eventual condena en costas para los autónomos y negocios. Además de avances para la profesión, como el derecho a la conciliación.
El Congreso acaba de aprobar –sin ningún voto en contra– el proyecto de la nueva la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. Una normativa que introduce cambios significativos en la práctica legal y que promete beneficios particulares para los autónomos y pequeños negocios. Puesto que especifica que éstos tienen derecho a ser informados correctamente “de los costes generales del proceso y del procedimiento, para la fijación de los honorarios profesionales”. Y, en caso de ir mal las cosas en una demanda, de estar informados previamente “de las consecuencias de una eventual condena en costas”.
Así, los cambios legales permitirán a los negocios decidir no evitar un juicio sólo porque desconocen qué cuantía económica puede suponer la causa, puesto que lo sabrán de antemano. “La regulación de los criterios orientativos sobre honorarios, a efectos de tasación de costas, es sin duda un paso clave hacia una justicia más accesible y equitativa”, señaló a este diario Lourdes Meloso, letrada de Brickworth Turnbull.
Esta abogada destacó la importancia de la nueva norma: “va a proporcionar mayor transparencia y seguridad jurídica a los autónomos y a los pequeños negocios, permitiéndoles conocer los costes aproximados de los procesos judiciales y tomar decisiones informadas sobre su representación legal”.
El derecho a la defensa de autónomos y negocios será más transparente, afirman los abogados
Este proyecto de ley, que encabeza su recta final para ser validado por el Senado, vista la ausencia de opiniones políticas en contra, regula un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la propia Constitución Española: el derecho de defensa. Este será ahora más viable y transparente, algo crucial para cualquiera que la necesite, pero, según la experta, “adquiere una relevancia especial para los autónomos y pequeños empresarios, quienes a menudo se enfrentan a problemas únicos en el ámbito legal, comenzando por esa transparencia en los costes legales”.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva Ley Orgánica del Derecho a la Defensa es la obligación de proporcionarles información clara sobre los costes generales de cualquier proceso. Esta medida es particularmente beneficiosa para los autónomos y pequeños negocios, que a menudo operan con presupuestos más ajustados que los de las grandes y medianas empresas, y que en todo caso necesitan prever sus gastos con precisión. “La capacidad de conocer de antemano los posibles costes asociados a un proceso judicial, incluyendo las costas en caso de perder el juicio, permite a los emprendedores por cuenta propia tomar decisiones más informadas sobre si proceder y llevar adelante o no una acción legal”, continuó la abogada.
En este mismo sentido, la normativa establece precisamente que los Colegios de la Abogacía podrán elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes, que ayudarán a los autónomos y pequeños empresarios a cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios legales.
La norma contempla beneficios en justicia gratuita y refuerza el derecho a guardar silencio
La nueva normativa del Derecho a la Defensa aborda también un asunto de gran relevancia: la extensión del beneficio de la justicia gratuita a personas jurídicas en procedimientos penales; en especial en casos de macroprocesos judiciales en los que los negocios pudieran verse inmersos, y en los que actualmente no se garantiza el pago por su defensa.
Si bien, aunque esta disposición supone un avance significativo, existe aún un camino por recorrer para garantizar que los profesionales del Derecho designados en estos casos reciban una compensación adecuada, “aún en el caso en que no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por no encontrase el negocio en los supuestos de insolvencia actual o inminente declarada judicialmente, en concurso de acreedores, o sin actividad económica en el último ejercicio, siempre que se halle disuelta o en trámite de disolución”. Otra medida que es especialmente relevante para los autónomos y pequeños negocios que, en situaciones legales complejas, pueden enfrentarse a costes prohibitivos que dificulten una buena defensa.
En lo referente a confidencialidad y protección de la defensa, la norma viene a reforzar la confidencialidad de las comunicaciones entre los defensores de las partes, con ocasión de un litigio, incluso en fases extrajudiciales, estipulando que dichas comunicaciones no tendrán futuro valor probatorio. “Además, se garantiza el derecho a guardar silencio como parte de la presunción de inocencia en procedimientos sancionadores”, indicó Lourdes Meloso. “Este refuerzo de la confidencialidad y el secreto profesional es esencial para garantizar una defensa justa y efectiva, protegiéndonos tanto a los abogados como a nuestros clientes de posibles presiones externas”.
También se introducen mejoras en la formación de los abogados autónomos
La nueva norma aprobada por el Congreso reconoce la importancia de la abogacía de empresa, asegurándose de que estos profesionales disfruten de las mismas protecciones y derechos que los letrados independientes. Esto incluye la protección contra cualquier tipo de interferencia o presión que pudiera afectarles el ejercicio de sus funciones, garantizando así un entorno de trabajo seguro y respetuoso.
Además, la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa subraya la importancia de la formación legal continua y especializada para los profesionales de la abogacía. Y en este sentido, establece que el Consejo General de la profesión será el responsable de desarrollar los procedimientos de capacitación y acreditación necesarios para permitir el acceso a una especialización profesional. “Esta disposición es crucial para asegurar que los abogados estemos siempre al día con las últimas normativas y que conozcamos las mejores prácticas, algo especialmente importante para quienes asesoramos a autónomos y pequeños negocios en un entorno legal en constante cambio”, concluyó la letrada de Brickworth Turnbull.
Por último, la nueva normativa hace también referencia a un asunto muy demandado por los abogados desde hace años, al introducir disposiciones para garantizar el derecho a la conciliación familiar y laboral de los profesionales del Derecho, muchos de los cuales son autónomos. Medidas que tienen en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de solicitar la suspensión de procedimientos judiciales o nuevos señalamientos en casos de fuerza mayor, como pueden ser el nacimiento, adopción, cuidado de menor, hospitalización de cónyuge o familiar, fallecimiento de pariente hasta segundo grado, hospitalización o baja médica del propio profesional. Un avance muy deseado por los Colegios de la Abogacía, puesto que supone un reconocimiento a las necesidades laborales y personales de los colegiados, al promover un equilibrio más justo entre la vida laboral y personal.
