Las autoescuelas culpan a Tráfico de la desaparición de 1.300 pequeños negocios en el sector
Miles de personas que necesitan su permiso de conducir, por movilidad o por razones laborales, se encuentran atrapados en largas listas de espera para el examen práctico, dado que la DGT tiene un déficit de plazas que ronda el 50%. Ello ha provocado, según la patronal, el cierre de más de 1.300 negocios.
Las autoescuelas se encuentran en una situación crítica debido a la falta de personal en las Jefaturas de Tráfico de toda España. Tanto examinadores como administrativos. Lo que amenaza la campaña de verano de las autoescuelas, que es su mejor momento del año al tratarse tradicionalmente del momento en el que se examina un mayor número de ciudadanos. De hecho, la patronal del sector, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) cifra esta carencia de examinadores y operadores de información en cerca de un 50%. Lo que, según su secretario general, Sergio Olivera, “tiene a muchos pequeños negocios al borde de la desaparición, al verse sin alumnos. Porque la gente no quiere saber nada de seguir pagando para dar clases, si no tiene clara la fecha en la que va a poder examinarse”.
A pesar de la promesa a primeros de año del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de implementar un plan de choque para resolver la saturación en los centros de examen de la Dirección General de Tráfico (DGT), el problema persiste aún hoy. “Y se hace más grave, si cabe, durante el periodo vacacional, cuando la demanda de exámenes prácticos aumenta significativamente. Como es lógico, un mayor número de funcionarios toma sus vacaciones. Lo que, por desgracia, coincide con el momento álgido de la demanda de personas que quieren obtener su permiso de conducir”. De manera que el embudo está servido.
La patronal asegura que han cerrado más de 1.300 autoescuelas desde 2018
“Es incomprensible que no se actúe de manera contundente para resolver esta situación, que pone en riesgo al sector de las autoescuelas”. CNAE asegura que han cerrado más de 1.301 autoescuelas, un 14%, desde 2018, cuando existían 9.247 negocios de este tipo por las 7.946 actuales.
Recientemente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, anunció la Oferta de Empleo Público (OEP) 2024, que incluye 70 plazas de funcionarios examinadores y un número indeterminado de plazas para operadores de información. No obstante, a ojos de la patronal, “este refuerzo es claramente insuficiente, puesto que se centra más en cubrir jubilaciones y bajas permanentes que en el refuerzo y ampliación necesarios que requieren estos centros”.
Básicamente, las listas de espera, habituales ya en todas las provincias, se producen por dos motivos, según Sergio Olivera. Por un lado, ese 50% de las vacantes, entre examinadores y personal administrativo, en las Jefaturas de Tráfico, que sigue sin cubrirse, “pues de las 1.934 plazas de operadores de información, con las que deberían contar, apenas hay cubiertas algo menos de 900”. Y por otro, el hecho de que, “precisamente al no haber administrativos suficientes, muchos examinadores se ven obligados a realizar tareas administrativas, debido a la alarmante falta de operadores de información, y tampoco se tramitan adecuadamente los expedientes, con la celeridad requerida”.
Algo que afecta no sólo a los ciudadanos, sino también a todos los profesionales autónomos y pequeños negocios que acuden a las dependencias de Tráfico no a examinarse, sino a abonar sanciones impuestas, matricular sus vehículos o convalidar permisos de conducción obtenidos en su día en el extranjero. “Resulta paradójico que la DGT cobre tasas por todas sus gestiones, y transfiera una significativa suma de dinero a los Presupuestos Generales del Estado, donde posteriormente se diluye. Cuando, al menos de acuerdo con la disposición cuarta de la Ley de Tráfico, esta partida debería destinarse íntegramente a la financiación de la seguridad vial; de la que sin duda forma parte una correcta validación de quienes pueden circular”.
Muchos de examinadores están ocupados en tareas administrativas
Lo cierto es que esta circunstancia ocasiona un grave problema para las autoescuelas. Que son, por lo general, pequeños negocios en manos de un par de autónomos, que se reparten las clases teóricas y prácticas, “y que ven un parón llamativo entre los alumnos. Se están formando, pero llega un momento en el que no desean seguir pagando para nada. Lo cual es lógico. Porque la siguiente fecha de examen, a lo mejor es a tres o cuatro meses vista, y tampoco van a estar dando clases ilimitadas”.
Esta situación provoca que, aunque existe un número significativo de examinadores, muchos de ellos no puedan desempeñar sus funciones de evaluación. La DGT asegura que, en los últimos 12 años, nunca había habido tantos examinadores de Tráfico como ahora, con 855 efectivos en plantilla, “52 menos de los que debería haber, según la propia relación de puestos de trabajo del organismo”, apuntó el secretario general de la CNAE. Para quien, el número tampoco es bajo. “Sin embargo, el problema radica en que muchos de estos examinadores están ocupados en dichas tareas administrativas, lo que limita severamente la capacidad operativa de las jefaturas.
Una denuncia, la de escasez de funcionarios en la DGT, “en la que trabajamos de la mano con los sindicatos mayoritarios, que estiman, como la CNAE, que harían falta al menos 600 o 700 personas para paliar este grave problema administrativo”. Un plan de choque que, según aseguró Sergio Olivera, se aliviaría en gran medida con una solución “que ya existe, pero que antes funciona mejor. Y es la de los interinos, que cubren las plazas de funcionarios que estaban vacías en las Jefaturas de Tráfico hasta que se convocaban concursos para la Función Pública. No se han dejado de emplear, pero el número de las plazas es muy reducido. Sería deseable una cantidad mayor de estos interinos”. Que de hecho, según él, tenían esa experiencia acumulada cuando llegaba el momento de concursar por la plaza.
Los autónomos propietarios de autoescuelas y los ciudadanos afectados esperan con urgencia una solución a este problema efectiva y sostenible, que garantice la capacidad operativa de las Jefaturas de Tráfico y permita la obtención de permisos de conducir sin demoras innecesarias. “Que la Administración, de la que dependemos para la viabilidad de nuestros negocios, preste un buen servicio. No pedimos más. Porque esta situación se está llevando por delante los pequeños negocios, que sí que tienen alumnos interesados, pero que acaban dándose de baja al no poder examinarse”.
