Las medianas empresas tendrán tres meses para adaptarse al reglamento de igualdad LGTBI
El nuevo reglamento para la igualdad y la no discriminación LGTBI será obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores -quienes deberán aplicarlo en tres meses- y voluntario para los negocios más pequeños. Se trata del primer pacto alcanzado por el Gobierno con la patronal después de un año.
Patronal, sindicatos y Gobierno han llegado, por primera vez en más de un año, a un nuevo pacto en la mesa del diálogo social. Según anunció la ministra del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el acuerdo tripartito diseña el reglamento, que está a la espera de que sea publicado y que regula el artículo 15 de la Ley Trans, para el desarrollo de un “entorno laboral igualitario y seguro” para las personas del colectivo LGTBI.
Con este acuerdo, se materializa la normativa que dará cumplimiento a las medidas laborales ya previstas para las empresas de más de 50 trabajadores en el ámbito de la no discriminación y los protocolos contra el acoso laboral, y que recoge medidas de protección tanto para las mujeres como para las personas LGTBI.
Desde su publicación, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán tres meses para su negociación y puesta en marcha del mismo, si bien aquellos negocios y empresas que no cuenten con representación legal de los trabajadores deberán crear una comisión negociadora para sacar adelante las medidas, en los términos del RD 901/2020. Para los pequeños negocios, su aplicación será de carácter voluntario.
Entre las medidas concretas que incorpora el acuerdo, se encuentra un nuevo protocolo de acompañamiento a las personas trans en el trabajo, “una medida decisiva y pionera”, según transmitió el Ministerio de Trabajo.
Los cambios serán de aplicación obligatoria para las empresas de 50 o más trabajadores
Las medianas empresas están obligadas a tener medidas que garanticen la igualdad real y efectiva de las personas trans y proteger los derechos de las personas LGTBI. Estas medidas formarán parte de los protocolos de actuación y recursos específicos, legislados en la Ley 4/2023, y cuya obligatoriedad de implementación comenzó el pasado 2 de marzo.
Según estableció la normativa, las causas de discriminación en las relaciones laborales se ampliaron a otros factores como la orientación o identidad sexual, la expresión de género o las características sexuales de los miembros del colectivo, y se recogieron sanciones desde los 200 euros a los 150.000 euros.
Las nuevas medidas de prevención harán hincapié en formación para la igualdad y la no discriminación
Ahora, con el acuerdo entre Gobierno y agentes sociales, el protocolo contra el acoso y la violencia deberá incluir prácticas preventivas y mecanismos de prevención, detección y actuación frente a los mismos, además de la nueva pauta de acompañamiento a las personas trans en el trabajo.
El nuevo reglamento también incorporará la formación para la igualdad y la no discriminación como elemento “clave”, e incluirá “módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y de oportunidades, y también en la no discriminación”, comunicó el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
